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El derecho a la movilidad y la adaptación del espacio público

Por Manuel Herce Vallejo
El derecho a la movilidad de las personas implica la atención a todas las formas de desplazamiento. Supone, por tanto, la intervención de la Administración pública para garantizar una oferta de espacio público adaptado y de sistemas de transporte para ello. En este sentido, las técnicas habituales con que se ha enfocado esta problemática (los denominados métodos de demanda y su instrumental de modelos de tráfico) han mostrado claramente sus insuficiencias, como trataré de demostrar más adelante, dando como resultado la predominancia del automóvil en la calle, que es el espacio público por excelencia.
Las consecuencias han sido terribles para la ciudad, como ha mostrado ampliamente la literatura especializada pero lo que quizás se ha puesto menos de relieve es el riesgo de exclusión social que supone para amplias capas de población: para aquellos que no disponen de vehículo propio, para aquellos a quienes la ocupación masiva del espacio por este tipo de vehículos les impide realizar desplazamientos a pié o en bicicleta, para diversas capas de población que no pueden utilizar este tipo de vehículos o no lo encuentran adecuado al motivo y duración del desplazamiento, para ciudadanos que trascurren gran parte de su tiempo en intercambios en un trasporte colectivo (a menudo ineficaz), etc.
G. Dupuy ha puesto de relieve cómo la espiral motorización-incremento de espacio viario lleva a una espiral de dependencia del sistema que implica costes energéticos y sociales de muy difícil asunción por una sociedad democrática: Y cómo esta dependencia creciente supone, a la vez, una perdida de autonomía, una exclusión social, de los ciudadanos no motorizados o que no utilizan el automóvil como modo de desplazamiento.

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en el café de las ciudades

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