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60 años de luchas, 60 años de dignidad, 60 años de esperanza

Por Eduardo Reyes para La Jornada de Jalisco

Con el recuerdo incesante de Lilia Moreno, tenaz defensora de derechos humanos

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la “Carta Magna de la Humanidad”, la comunidad humana decidió crear un código moral, ético y jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre. Motivados por los desastres durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de ubicar a la persona y a los pueblos como sujeto de derechos y poner en el centro de su concepción la dignidad humana. Sin duda alguna, constituye el mayor logro de la humanidad.

A 60 años de este parteaguas mundial, los ciudadanos, los gobiernos, las empresas, las iglesias, el Estado mismo, tenemos la obligación a mantenernos en la búsqueda de que el respeto a los derechos humanos sea una realidad. Luchar por construir mecanismos que aseguren las condiciones de dignidad para todo ser humano, pasa por reflexiones, experiencias, errores, teorías y metodologías de trabajo. Actualmente, aquí en Jalisco, se están construyendo experiencias y metodologías que aportan a la comunidad mundial nuevas visiones de cómo enfrentar los riesgos de retroceso al ejercicio y disfrute de los derechos humanos y se están reconstruyendo espacios de lucha por la dignidad humana.

Por el significativo aporte, después de 45 años de fundación, la organización civil jalisciense Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) continúa siendo un espacio ciudadano de vanguardia en la defensa de derecho. En específico, vale la pena resaltar sus esfuerzos de articulación y defensa en torno a uno de los derechos con mayor riesgo de anulación en el mundo: el derecho humano al agua. A lo largo de los últimos años, y en coordinación con organizaciones y redes a nivel local, nacional e internacional, han emprendido una serie de acciones para exigir la suspensión de la construcción de la presa de Arcediano, obra que se ubicaría sobre el río Santiago, uno de los ríos más contaminados del país. De igual manera, han acompañado la defensa de los casos de las presas El Zapotillo y La Yesca, la contaminación de aguas de los ríos Santiago en El Salto y Juanacatlán.

Estas experiencias que se desarrollan en nuestro estado significan enfrentar la situación de contraste que guarda la lucha por el control y aprovechamiento del agua; empresas y gobiernos que buscan el control del recurso hídrico y su comercialización por medio de empresas privadas que vendan a los seres humanos el servicio de agua potable, de saneamiento y en especial agua para el consumo humano.

Estas luchas que se articulan en torno a la defensa del derecho humano al agua enfrentan una poderosa estrategia mediática llevada cabo por gobiernos y empresas interesadas en hacer creer a los ciudadanos que la privatización de este derecho es esencial para el desarrollo y provenir de nuestra vida, se ha vuelto cotidiano escuchar a funcionarios de los gobiernos insistir en que no hay recursos suficientes para garantizar a todos agua de calidad. Y es en esto donde toma mayor relevancia el código moral, ético y jurídico, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que de alguna manera de ella emana la Observación General 15 del Comité Económico y Social de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que establece: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Una de las luchas más destacadas para hacer efectivo este derecho se suscita en nuestro estado, eso hay que destacarlo y compartirlo con otras experiencias en el mundo que luchan por lo mismo, que tienen la esperanza de disfrutar y ejercer este derecho.

El trabajo por la defensa de los derechos humanos implica enmarcar nuestra labor en la opción preferencial por los más pobres y grupos socialmente vulnerabilizados, es decir, indígenas, migrantes, trabajadores, mujeres, niños, personas en situación de calle, víctimas de represión social y política, con la finalidad de contribuir a un cambio estructural en donde la sociedad tenga condiciones para gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos. Pasa por entender desde lo humano el significado del rostro de la pobreza, es decir, el rostro de ausencia de disfrute de los derechos. Ese rostro tiene un significado distinto cuando se convierte en un sujeto activo y social que busca la reivindicación de su derecho, esto es precisamente lo que pasa en Jalisco en torno a los procesos de defensa del derecho humano al agua y en los procesos de autorganización de las comunidades para defender su estilo de vida y su sobrevivencia como colectividad. Este es, por ahora, un aporte que Jalisco y sus ciudadanos organizados le están dando al mundo, una esperanza de cómo hacer valer un derecho. 60 años después, reconstruir las formas de trabajo del movimiento en defensa de los derechos humanos es una tarea permanente e implica restablecer la relación y solidaridad entre organizaciones de defensa de los derechos humanos y los movimientos sociales, a los que, con frecuencia, pertenecen víctimas de violación a sus derechos.

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