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Una tarifa por el uso de las banquetas



Hagamos un ejercicio imaginario. Imaginemos que tiempo atrás alguno de nuestros brillantes políticos encontró la solución al problema de mantenimiento de las banquetas de la ciudad. Imaginemos que las concesionó a particulares para que cada banqueta sea óptima, sin agujeros, ni variables en el pavimento, ni problemas de accesibilidad. Los concesionarios cobrarían un derecho de paso con una tarifa mínima –de centavos– que garantizaría el buen estado de las banquetas y la infraestructura urbana con que cuentan.

Al paso de los años, las concesiones seguro serían muy competidas y acabarían quedando en manos de grupos de poder afines a quien las reparte, cada banqueta requeriría de personal para realizar los cobros y el costo de la tarifa sufriría presiones por aumentos inflacionarios en el cemento y otros insumos. Seguramente pronto, tendríamos organizaciones enormes de concesionarios solicitando aumentos a las tarifas establecidas y sindicatos de trabajadores de la industria banquetera exigiendo mejores condiciones laborales.

Escucharíamos todo tipo de argumentos: algunas banquetas reciben a miles de peatones mientras otras son apenas caminadas; la tarifa apenas alcanza, es imposible implementar mejoras; hay usuarios que caminan hasta diez banquetas al día y es incosteable para alguien que gana una salario mínimo. 

El pulpo banquetero pronto tendría el poder suficiente para realizar un paro del servicio que paralizaría a la ciudad al no poder hacer uso de sus banquetas y que le serviría de chantaje en la negociación de las tarifas. Veríamos a organizaciones estudiantiles exigiendo descuentos, ambientalistas promoviendo transitar paulatinamente del esquema de hombre-banqueta al esquema barrio-empresa, convocatorias a dejar masivamente de caminar. Los políticos en cada campaña prometerían mejoras y subsidios, incluso gratuidad para estudiantes “para que puedan ir a la escuela”.

Seguramente, se crearía una comisión de tarifas donde estudios técnicos determinarían el costo que debería tener caminar por una banqueta, y seguramente la fórmula sería tan compleja que nadie la entendería. Esta comisión, podría ser conformada por los mismos concesionarios, sindicatos y políticos pertenecientes a grupos de poder afines. Seguro no habría ni una silla para el usuario de a pie. Si alguien insinuara que estábamos mejor cuando las banquetas eran un servicio público, brindado por el estado, cuyo servicio dependía únicamente del pago de impuestos que todos de todas maneras hacemos, lo tildaríamos de radical y anacrónico. 

Ahora regresemos a la realidad, ese problema no existe, las banquetas siguen siendo administradas y subsidiadas al 100 por ciento por el estado y todos compartimos la idea de que así debe de ser. Ofrecer la posibilidad de desplazarse en distancias mayores a las caminables es también una obligación del estado. Es obligación de los gobiernos garantizar la existencia de sistemas de transporte colectivo eficientes y de calidad que permitan el libre desplazamiento de personas. 

Si la enredadera de concesionaros del transporte público e intereses que crearon en torno a ellos, no resulta funcional para mejorar radicalmente el servicio, con una tarifa accesible para todos, entonces lo razonable sería retirar las concesiones y recuperar el control del estado. Como con las banquetas. 


Originalmente publicado en Milenio.

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