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Transporte con transparencia



La creación de un nuevo modelo de transporte público, como se propone la recién creada comisión mixta, pasa por muchísimas aristas y toca diversos intereses y matices de tipo legal, social, económico y ambiental. 

Es de esperarse, al menos complicado, la generación de acuerdos en esa comisión para establecer los criterios que deberán ser prioritarios para el establecimiento del nuevo modelo. Solo la sustentabilidad del sistema arrastrará debates que deberán considerar desde el aumento del parque vehicular, provocado en parte por un sistema deficiente; la participación y responsabilidad del estado en la prestación del servicio; los derechos del usuario; las condiciones laborales de los choferes; la rentabilidad del esquema, tan importante para el empresario transportista; y aspectos como la competitividad urbana o la accesibilidad que ofrece.

En todos los escenarios, la modificación del esquema alterará el orden de quienes hoy poseen concesiones y operan el servicio de transporte público. Un buen punto de partida para acercarnos al entendimiento del problema debería ser el conocimiento de quiénes son estos operadores del servicio.

Poner a disposición de la ciudadanía convenios, contratos, nombres y condiciones en las que se sustentan las concesiones que hoy operan sería un ejercicio que colaboraría enormemente a entender y analizar el complejo entramado de concesionarios en todas las rutas de la ciudad y debería ser un ejercicio paralelo al trabajo de diálogo que se efectúa en la comisión mixta.

Sin duda en estas listas encontraremos nombres de operadores honestos que han ido construyendo su patrimonio con años de trabajo, pero también un adecuado análisis periodístico, que podría tomar meses, podría detectar prestanombres e intereses de diferentes grupos, muy probablemente de todos los colores.

En días pasados algunos integrantes de la plataforma metropolitana para la sustentabilidad solicitaron vía infomex la información que sustenta el otorgamiento de dichas concesiones, la respuesta oficial fue que esa información está contenida en más de 4 millones de hojas por lo que se solicita un pago de más de 7 millones de pesos para pagar las copias. Poco más que imposible.

La creación de un nuevo modelo de transporte que en verdad pretenda conjuntar las visiones de la ciudadanía debe tener como punto de partida el entendimiento real y profundo del problema y resulta imposible omitir los posibles aspectos de interés económico y político detrás del oscurantismo con el que históricamente se han otorgado permisos y concesiones.

Poner a disposición de la ciudadanía en su conjunto, y en específico de académicos, abogados y periodistas toda la información legal al respecto sería, aparte de una muestra de buena voluntad por parte del gobierno, un excelente punto de partida. 



Originalmente publicada en Milenio Diario.

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