La creación de un nuevo modelo de transporte público, como se propone
la recién creada comisión mixta, pasa por muchísimas aristas y toca
diversos intereses y matices de tipo legal, social, económico y
ambiental.
Es de esperarse, al menos complicado, la generación de acuerdos en
esa comisión para establecer los criterios que deberán ser prioritarios
para el establecimiento del nuevo modelo. Solo la sustentabilidad del
sistema arrastrará debates que deberán considerar desde el aumento del
parque vehicular, provocado en parte por un sistema deficiente; la
participación y responsabilidad del estado en la prestación del
servicio; los derechos del usuario; las condiciones laborales de los
choferes; la rentabilidad del esquema, tan importante para el empresario
transportista; y aspectos como la competitividad urbana o la
accesibilidad que ofrece.
En todos los escenarios, la modificación del esquema alterará el
orden de quienes hoy poseen concesiones y operan el servicio de
transporte público. Un buen punto de partida para acercarnos al
entendimiento del problema debería ser el conocimiento de quiénes son
estos operadores del servicio.
Poner a disposición de la ciudadanía convenios, contratos, nombres y
condiciones en las que se sustentan las concesiones que hoy operan sería
un ejercicio que colaboraría enormemente a entender y analizar el
complejo entramado de concesionarios en todas las rutas de la ciudad y
debería ser un ejercicio paralelo al trabajo de diálogo que se efectúa
en la comisión mixta.
Sin duda en estas listas encontraremos nombres de operadores honestos
que han ido construyendo su patrimonio con años de trabajo, pero
también un adecuado análisis periodístico, que podría tomar meses,
podría detectar prestanombres e intereses de diferentes grupos, muy
probablemente de todos los colores.
En días pasados algunos integrantes de la plataforma metropolitana
para la sustentabilidad solicitaron vía infomex la información que
sustenta el otorgamiento de dichas concesiones, la respuesta oficial fue
que esa información está contenida en más de 4 millones de hojas por lo
que se solicita un pago de más de 7 millones de pesos para pagar las
copias. Poco más que imposible.
La creación de un nuevo modelo de transporte que en verdad pretenda
conjuntar las visiones de la ciudadanía debe tener como punto de partida
el entendimiento real y profundo del problema y resulta imposible
omitir los posibles aspectos de interés económico y político detrás del
oscurantismo con el que históricamente se han otorgado permisos y
concesiones.
Poner a disposición de la ciudadanía en su conjunto, y en específico
de académicos, abogados y periodistas toda la información legal al
respecto sería, aparte de una muestra de buena voluntad por parte del
gobierno, un excelente punto de partida.
Originalmente publicada en Milenio Diario.
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