Una ley de movilidad

No somos ciclistas, ni automovilistas, ni usuarios del transporte público, ni peatones. Las etiquetas simplemente sobran. Todos somos, más allá de la manera en que nos desplacemos de un lugar a otro, simplemente ciudadanos con el mismo derecho al uso de la vía pública. Todos respiramos las mismas partículas suspendidas en el aire producto de la manera en que nos movemos. Todos padecemos las externalidades por la saturación de las arterias viales de la ciudad.

Una ley de movilidad contemporánea debería tener, como intención principal, garantizar condiciones de equidad en el uso de la vía pública. Este principio rector garantizaría, entre muchas otras cosas, tanto el desarrollo de infraestructuras accesibles que mitiguen las dificultades de tránsito que padecen personas con discapacidades, niños o adultos mayores; como el establecimiento de límites al costo de la tarifa del transporte público con base en la capacidad adquisitiva del usuario.

Otro elemento fundamental debería ser el de la sustentabilidad ambiental. Una nueva ley de movilidad debería proveer al ejecutivo de las herramientas necesarias para promover efectivamente los desplazamientos de personas y mercancías en medios no contaminantes, y restringir y desincentivar significativamente el uso del automóvil particular. La nueva ley debe, en su diseño, delinear mecanismos de mejora del transporte público, de promoción del uso de la bicicleta y de renovación de las condiciones de accesibilidad y seguridad de las zonas peatonales.

Una nueva ley de movilidad debería estar intrínsecamente relacionada con otras leyes de desarrollo urbano y estimular que los planificadores establezcan diferentes criterios en zonas con mayor capacidad de transporte, por ejemplo, en la definición de máximos de espacios de estacionamiento o en la densidad de unidades habitacionales permitidas.

Una ley de movilidad no es una reforma a la ley de vialidad. No se limita a regular el tráfico de vehículos motorizados sino el movimiento de personas y mercancías en su conjunto, así como a establecer criterios económicos, sociales y ambientales.

Los diputados jaliscienses ya mastican la que será la próxima ley de movilidad para el estado de Jalisco y el acuerdo del gobernador con transportistas para la mejora de la calidad del transporte público ha venido a acelerar el proceso. Es de intuirse que la nueva ley proveerá de los elementos necesarios para la urgente evolución del modelo actual de hombre-camión a un modelo de ruta-empresa, pero no lo es todo.

Sería muy lamentable que una ley, hoy por hoy tan importante para el futuro de nuestra ciudad, se maquine al vapor por la prisa de los transportistas. Una ley de este tipo debe ser arropada por la sociedad en su conjunto y validada con tanto proceso de participación ciudadana, como sea posible.

No vaya a ser que por resolver lo urgente vayamos a dejar de lado lo verdaderamente importante.

Originalmente publicada en Milenio diario.