La discusión que se da en torno al corredor Santa Margarita, además de mostrar nuestra novatez como sociedad para dialogar, ha resultado muy útil para cuestionarnos la manera en que se toma una decisión de interés público: ¿Quién debe decidir lo que pasa en el espacio público? ¿La opinión de los vecinos debe pesar más que la del resto de los ciudadanos? ¿La valoración técnica es suficiente? ¿Debería? ¿A qué diablos le llaman “socializar”? ¿A convencer de una idea a la población? ¿Solo por convencer ya hacemos democracia? ¿Hay decisiones de un rango mayor que merecen que se ignore lo que piense la gente? ¿La opinión de la gente debe ser respetada aunque sea equivocada? ¿Los gobiernos deben ejercer la autoridad cuando el interés común así lo requiera?
En los tramos barriales de la avenida, la autoridad zapopana ha sido muy tolerante con comerciantes que creen, equivocadamente, tener derecho al uso del espacio público para estacionar automóviles. No lo tienen. Ningún gobierno está obligado a dar cajones de estacionamiento a particulares.
Sin embargo, también es cierto que la autoridad debe tener la sensibilidad de dialogar y generar acuerdos con comerciantes y habitantes. Acuerdos que generen consensos para permitir a todas las partes compartir el espacio público y evitar, en la medida de lo posible, la afección de particulares.
Zapopan ha acertado en crear los espacios de diálogo con los vecinos y generar la búsqueda mutua de soluciones a las diferencias, pero también es importante que la autoridad defienda y coloque por delante de toda decisión el interés común. Eso no puede ser negociable. El interés común no solo es obligación de cualquier gobierno, es su razón de ser.
Si bien, el diálogo ha ido construyendo consensos en los tramos estrechos, hay enormes diferencias entre las zonas barriales y la zona real de cotos cerrados que solo muestran un muro a la avenida.
En el último capítulo del diálogo entre autoridades de Zapopan y los vecinos de los guetos excluyentes de la zona real, los argumentos en contra de la ciclovía de Santa Margarita solo lograron exhibir tres cosas: la ignorancia de la mayoría de los vecinos sobre temas urbanos, el profundo egoísmo contenido en sus argumentos y la existencia de una avenida paralela a Santa Margarita, concesionada hasta noviembre próximo, al fraccionamiento Valle Real. Bastaría que esta avenida se abriera para solucionar la vialidad a la zona.
Mientras los vecinos exigen al ayuntamiento reducir centímetros las dimensiones de la ciclovía, sin razón alguna y sin saber en realidad de que hablan, bajo la manga, esconden la solución real a la problemática vial de la zona: la apertura de sus vialidades.
Si el acto pequeño de creerse dueño de un cajón de estacionamiento nos parecía grotesco ¿Cómo es que hemos permitido a los cotos residenciales secuestrar y privatizar avenidas enteras?
Socializar significa según la RAE: transferir al Estado, o a otro órgano colectivo, las propiedades particulares. Socialicemos pues las calles, las banquetas y los espacios públicos de Valle Real, es la obligación de la autoridad resolver el interés común y es a donde nos ha llevado el diálogo democrático.
Originalmente publicada en Diario Milenio
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