Una defensa de la ley

Si bien existen muchas cuestiones que la Ley de Movilidad y Transporte, aprobada por todas las bancadas políticas en el Congreso, dejó fuera y podrían ser criticables a bote pronto; también hay que reconocer que, en el entramado de negociaciones políticas que implica la aprobación de una ley de estas características, la ley logró establecer algunas cosas significativas que, bien aprovechadas, podrían ser herramientas reales de transformación positiva de la manera en que nos desplazamos en la ciudad.

Una de las más rescatables es la que enfatiza el artículo 6to: Se establece la preferencia al peatón y al ciclista sobre usuarios de vehículos motorizados; entiéndase motocicletas y automóviles. La ley obliga a promover el uso racional del automóvil y a ordenarlo. Esto, bien reglamentado y normado, podría derivar en un cambio significativo, para bien, tanto en el desarrollo de infraestructura vial como en los hábitos de movilidad de las personas.

El artículo 8vo. vuelve a hacer énfasis en el derecho de preferencia a peatones y ciclistas y obliga a que reglamentos y normas que emanen de la ley garanticen esta preferencia. Nada menor.

La mención constante a la bicicleta y al ciclista como usuario de la vía pública, por sí misma, obliga a que los reglamentos y normas analicen a fondo cómo otorgar a los vehículos no motorizados las herramientas para hacer esos derechos efectivos. Esto tendrá que derivar necesariamente en un reglamento completamente diferente al anterior que limite, de facto, los derechos históricamente arrebatados por vehículos motorizados. Su majestad el automóvil, al menos en papel, ya perdió terreno.

Otro elemento significativo de la ley es la creación del Instituto de Movilidad, que llevado a buen puerto y permitiéndosele cierta inmunidad a las discusiones de tipo político, podría convertirse en el centro de investigación que provea del acompañamiento científico y de información estadística que cualquier decisión política debiera tener. 

Si bien una política pública de movilidad debe atravesar transversalmente casi todos los sectores del gobierno, resulta excepcionalmente complejo distinguir prioridades, establecer presupuestos y hacer conciliar intereses públicos. El Instituto que prevé la ley puede convertirse en la fuente de conocimiento que haga frente al vacío actual de información.

Si bien es cierto que la ley pudo ser mejor, también es cierto que el proceso de aterrizaje de la ley puede proveer los instrumentos reales para provocar un cambio histórico en la manera que entendemos la movilidad en la ciudad. Pero este cambio necesita contar con la voluntad política de diversos actores y una gran habilidad de gestión para consolidar lo logrado.

A discreción, pues.

Originalmente publicada en Milenio diario.