El modelo de vida individualista y egocéntrica que nos rige es poco
propicio para la generación de acuerdos que nos beneficien a todos.
Hacer perdurar un acuerdo colectivo implica anteponer el “nosotros” al
egoísmo propio del “yo”, de lo contrario se corre el riesgo de aniquilar
el acuerdo social que nos une.
Hoy, se reúne la comisión de tarifas, y vaya que revisar una tarifa para el transporte público puede ser un asunto complejo.
Por
un lado el político en el poder buscará retener al mínimo la tarifa
para evitar el golpeteo mediático que un aumento invariablemente
ocasiona, por el otro, el político en oposición celebrará la posibilidad
de ganar protagonismo defendiendo la causa simple y popular de una
tarifa más baja. Pero los políticos jugarían sus cartas exactamente
igual que el otro en la posición inversa, así que ellos pueden ser
previsibles.
Para los transportistas también es relativamente
sencillo, una tarifa más alta con menores compromisos de mejora de las
unidades, o compromisos que a la larga se puedan omitir como ha sucedido
tantas veces, significa simplemente elevar la rentabilidad.
La
posición del usuario tampoco resulta difícil de entender. Una tarifa más
baja resulta en un mejor rendimiento del cada vez más escaso dinero en
el bolsillo y en casos extremos un alza puede significar una tragedia
económica para el sector social más desprotegido.
Considerar la
tarifa desde un criterio diferente, que ponga en el centro el interés de
todos, incluidos aquellos que no son usuarios del transporte público, y
que se plantee como objetivo transitar hacia una movilidad sustentable,
pudiera en el mediano plazo generar mayores beneficios individuales que
desde una óptica egocéntrica somos incapaces de ver.
No
incrementar la tarifa ahuyentará las inversiones en la materia en un
momento en el que la ciudad necesita mejorar significativamente el
transporte público.
Una tarifa de 7 o 7.50 apenas absorberá el
impacto de la inflación y dejará las cosas en el mismo lugar en el que
estamos, complicando las mejoras necesarias como hasta ahora, y
descansando gran parte de la responsabilidad de mejorar en el
presupuesto público.
Una tarifa más alta, de 8 u 8.50 daría pie a
obligar a los transportistas con mano dura a reinvertir nuestro dinero
en mejoras sustanciales que propicien el incremento de viajes en
transporte colectivo y reduzcan el tráfico y la congestión vehicular.
Sin embargo, un incremento así, descobijaría significativamente al
sector social más desfavorecido e implicaría la estructuración de
subsidios transparentes que protejan al usuario de menores ingresos.
Hay
que decirlo, en la negociación de la tarifa, también está en juego la
calidad del transporte que queremos para el futuro, la cantidad de autos
que a diario invaden nuestras calles y el aire que, todos, respiramos.
Y
un mejor transporte sería un atractor de más usuarios y por lo tanto
más rentable. Y el político que logre estructurarlo obtendría la
popularidad invencible que busca. Y el usuario sería, a mediano plazo,
el más beneficiado. Y nosotros podríamos seguir construyendo el
“nosotros”.
Originalmente publicado en Milenio diario.
Originalmente publicado en Milenio diario.
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