Detrás de los eslóganes publicitarios que las escuelas privadas utilizan como lema, suele encontrarse el objetivo mercadológico de convencer a padres de familia de que la educación que sus hijos recibirán será, de alguna manera, mejor en contenidos o con alguna orientación ética especifica que cualquier escuela estatal será incapaz de dar y por lo tanto el pago de colegiaturas está justificado.
Sin embargo, en la vida real, estas empresas vendedoras de educación o colegios, se han convertido en una industria que, como cualquier otra industria, provoca emisiones contaminantes y problemas urbanos, hasta ahora no supervisados. Problemas que al hacerse evidentes pueden ser justo el opuesto al supuesto planteamiento ético educativo que, algunas, suelen presumir.
Para nadie es secreto que en cuanto comienzan los ciclos escolares la congestión vehicular se incrementa significativamente. Esto no solo significa un problema de pérdida de tiempo en los traslados de todos, también representa un incremento importante en las emisiones contaminantes al aire de nuestra ciudad.
Algunos datos para entender lo significativo del problema: el 85% de las emisiones contaminantes atmosféricas provienen de automóviles privados; de los 10 millones de viajes que se realizan a diario en Guadalajara el 20% son viajes de ida o vuelta a la escuela; de los viajes escolares, el 17% se realiza en automóvil, es decir 340,000 viajes diarios; el 82% de los viajes en auto a la escuela se hacen a colegios privados que son solo el 19% del total de escuelas.
Estos datos, ya digeridos, lo que arrojan es que la industria de los colegios privados es responsable de cerca del 6% de las emisiones atmosféricas en la ciudad. Muy por arriba de industrias que el imaginario colectivo supone altamente contaminantes.
Las escuelas privadas, que dependen de cuidar su calidad moral para vender el producto que venden, tendrían que transformar por completo el modelo de transporte escolar para poder sostener esta calidad. Muchos colegios conocen el problema desde hace años pero prácticamente ninguno ha dado pasos serios para resolver su propia problemática de movilidad.
Los reglamentos municipales tendrían que obligar a cualquier institución educativa a que garantice al menos un programa orientado a minimizar los trayectos en automóvil hacia las escuelas. Pero voy más allá, la dimensión del problema justificaría una ley que prohibiera la proliferación de escuelas privadas que no cuenten con una flotilla de autobuses que de transporte escolar seguro al menos al 80% de los alumnos y programas que impulsen los trayectos a pie o en bicicleta.
Otro problema es el de la ubicación. Muchos colegios ubicados en zonas céntricas tienden a mover los planteles a zonas donde el costo del terreno es bajo para comercializar los terrenos más céntricos para otros usos. Eso aumenta la longitud de los recorridos diarios generando más congestión y más contaminación. Los planes parciales no deberían permitir la instalación de escuelas privadas en lugares alejados de las viviendas de los alumnos.
Transformar la movilidad escolar en la ciudad requiere de la participación decidida de las escuelas privadas que generan el problema. Deben demostrar no tener una doble moral y probar su supuesta voluntad para con los demás.
Originalmente publicada en Maspormas.
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