Cualquiera que sigue con atención los medios locales y entiende medianamente del acontecer social y político de Guadalajara sabe que desde el 2007 una serie de organizaciones de la sociedad civil han surgido en torno a temas de carácter urbano, más específicamente, en materias vinculadas a la movilidad sustentable y aún más a la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte.
Me ha tocado la suerte, y en muchos casos el honor, de conocer a decenas de personas dispuestas a casi cualquier cosa por mejorar las condiciones de movilidad y los entornos urbanos de nuestra ciudad. Activistas, ciclistas, técnicos, consultores, académicos, comunicadores y hasta funcionarios públicos me han dejado intuir un buen futuro para una ciudad que no podría ser querida de mejor manera.
Sin interés político real o económico, en la mayoría de los casos, he sido testigo de cómo las organizaciones han, no solo desarrollado los procesos de organización detrás de un simple paseo ciclista o peatonal, sino calculado el contenido subversivo del mismo.
Soy testigo de los procesos de planeación para evitar la destrucción que provoca el desarrollo de más infraestructura para los automóviles, de la gestión y organización de múltiples foros para dialogar temas urbanos, del riesgo empresarial que corrieron algunos al invertir en los primeros sistemas de préstamo de bicicletas, del activista que se amarró a un árbol para evitar su derribo, de la gestión social con vecinos e instituciones para detener, a costa de lo que sea, la construcción de la mortal vía exprés, del puente atirantado o la ejecución del viaducto López Mateos.
Sin embargo, corazón, legitimidad y perseverancia no han sido suficientes para transformar significativamente las condiciones de movilidad en la ciudad. Si bien está claro que las organizaciones han logrado incrementar el tráfico ciclista, también está claro que apenas se ha logrado convencer a diferentes gobiernos de ejecutar algunas ciclovías: desconectadas entre sí, discordantes en su estructura vial y en la mayoría de los casos perfectamente inútiles.
En siete agotadores años de ebullición de organizaciones pro-bici, aún no existe una política pública que integre efectivamente el desarrollo de infraestructura ciclista con una normatividad apropiada y programas educativos de difusión y promoción del uso de la bicicleta.
En este contexto, y entendiendo lo que ha pasado en diferentes ciudades en el mundo, el sistema de bici pública que se presentó el miércoles pasado y que entrará en funciones el próximo noviembre significa una real dosis de esperanza.
La implementación de sistemas de bici pública en otras ciudades ha obligado a autoridades a desarrollar programas integrales orientados a promover el uso de las dos ruedas y se ha convertido en el principal motor del desarrollo de infraestructura ciclista. Solo la primer etapa de Mibici, sin haber arrancado aún, ya empuja y evidencia la necesidad de programas, normativas e infraestructura orientada al uso de la bicicleta.
Eso explica la gran aceptación que se puede intuir entre las organizaciones. Incluso las organizaciones más críticas parecen ver con buenos ojos la implementación del sistema de bici pública. Yo estoy convencido de que provocará un efecto dominó de buenas noticias para la ciudad.
Ojalá la clase política -que entrará en periodo electoral en los próximos meses y que suele politizar con cinismo absoluto cualquier proyecto urbano- sepa respetar el anhelo y el esfuerzo de tantas personas que han luchado por que esto pase.
Originalmente publicada en Maspormas
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