Felipeno

La creación de un nuevo modelo de transporte público, como se propone la recién creada comisión mixta, pasa por muchísimas aristas y toca diversos intereses y matices de tipo legal, social, económico y ambiental.  Es de esperarse, al menos complicado, la generación de acuerdos en esa comisión para establecer los criterios que deberán ser prioritarios para el establecimiento del nuevo modelo. Solo la sustentabilidad del sistema arrastrará debates que deberán considerar desde el aumento del parque vehicular, provocado en parte por un sistema deficiente; la participación y responsabilidad del estado en la prestación del servicio; los derechos del usuario; las condiciones laborales de los choferes; la rentabilidad del esquema, tan importante para el empresario transportista; y aspectos como la competitividad urbana o la accesibilidad que ofrece. En todos los escenarios, la modificación del esquema alterará el orden de quienes hoy poseen concesiones y operan el

No somos ciclistas, ni automovilistas, ni usuarios del transporte público, ni peatones. Las etiquetas simplemente sobran. Todos somos, más allá de la manera en que nos desplacemos de un lugar a otro, simplemente ciudadanos con el mismo derecho al uso de la vía pública. Todos respiramos las mismas partículas suspendidas en el aire producto de la manera en que nos movemos. Todos padecemos las externalidades por la saturación de las arterias viales de la ciudad. Una ley de movilidad contemporánea debería tener, como intención principal, garantizar condiciones de equidad en el uso de la vía pública. Este principio rector garantizaría, entre muchas otras cosas, tanto el desarrollo de infraestructuras accesibles que mitiguen las dificultades de tránsito que padecen personas con discapacidades, niños o adultos mayores; como el establecimiento de límites al costo de la tarifa del transporte público con base en la capacidad adquisitiva del usuario. Otro elemento fundame