Por Onésimo Flores editor de Ciudad posible
publicado en Vanguardia
Con diferentes estrategias y resultados, las ciudades del mundo intentan adaptarse al creciente número de automóviles que circula por las calles. El asunto no es menor, pues la respuesta que dan las autoridades locales a este problema tiene un profundo impacto en la forma física de las ciudades, y por lo tanto, en la calidad de vida de sus habitantes.
En esta materia es claro el contraste entre México y Colombia. En nuestro país hay más de 100 millones de habitantes, pero solo dos ciudades con un sistema de transporte masivo tipo BRT, mejor conocido como “metrobús” (DF y León). Por su parte, Colombia tiene únicamente 40 millones de personas, pero siete de sus principales urbes –Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena- operan o están en proceso de implementar sistemas de este tipo.
Las ciudades de ambas naciones enfrentan retos similares –contaminación a la alza y movilidad a la baja- con estrategias diametralmente opuestas. En Colombia libran la batalla invirtiendo en transporte público, mientras que en México preferimos gastar el presupuesto en construir puentes y segundos pisos. Allá son pesimistas (¿o pragmáticos?), pues se han convencido de que sacar a la gente de sus coches es la salida mas eficiente. Acá seguimos siendo optimistas (¿o ingenuos?), pues confiamos en nuestra capacidad de erradicar los embotellamientos tendiendo más asfalto. ¿Cómo explicar esta marcada diferencia?
Ni los alcaldes colombianos son genios, ni los mexicanos son tontos. Simplemente son sujetos pragmáticos que responden a los incentivos generados por sus gobiernos centrales. Resulta que en Colombia los automovilistas pagan una sobretasa del 25% sobre el costo de la gasolina. Con los ingresos captados se capitaliza un fondo etiquetado para apoyar proyectos viables de transporte urbano. Con estos recursos, el Gobierno Nacional Colombiano cubre hasta el 70% del costo total de estos proyectos locales de infraestructura, ¡sin tener que sacrificar otras prioridades!
Dicho esquema fiscal coloca al transporte público en un lugar predominante en las agendas de los alcaldes. Aquella autoridad que se duerma en sus laureles deja escapar un buen negocio y pone en riesgo su capital político. Si el alcalde no presenta una propuesta, los impuestos pagados en la ciudad servirán para subsidiar la infraestructura de los vecinos. Este pecado –aunque sea por omisión- será recordado en la próxima elección.
En México no se aplica una sobretasa similar al precio de la gasolina, ni se permite que los gobiernos locales tomen sus propias decisiones al respecto. Al contrario, en este país subsidiamos el combustible. Esta política no solo limita los recursos disponibles para grandes proyectos de infraestructura, sino que promueve un mayor uso del automóvil. Lo que es peor, el subsidio a la gasolina representa una medida regresiva, pues la gente de mayores ingresos –dueños de Hummers por ejemplo- se benefician de manera desproporcionada. ¿Por qué habría un estado o municipio de invertir en transporte público, si el propio Gobierno Federal subsidia a su competencia?
Afortunadamente, parecen soplar vientos de cambio. El Gobierno Federal, a través de su Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), está por publicar las reglas de un Programa de Apoyo al Transporte Masivo. Por primera vez existe una bolsa definida, con criterios transparentes, para impulsar este tipo de proyectos. El FONADIN ofrece “apoyos no recuperables” para pagar asesorías especializadas, estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, y hasta ¡la mitad del costo de la infraestructura necesaria para proyectos de transporte masivo!
Al parecer la iniciativa federal ha sido bien recibida. Las ciudades de Puebla, Aguascalientes, Mexicali, Monterrey, Oaxaca y Chihuahua han externado interés de participar, y la fila se está alargando rápidamente. Todo indica que hay una revolución de transporte público en puerta.
La estrategia del FONADIN dista de ser perfecta, pues a diferencia de Colombia, los recursos del Programa no están amarrados a una fuente clara de ingresos fiscales. Esta circunstancia hace imposible pronosticar la permanencia y el tamaño de la bolsa a repartir en el futuro. Sin embargo el esfuerzo representa un paso en la dirección correcta. Por fin, la falta de recursos deja de ser una excusa aceptable para posponer la transformación del transporte público en las ciudades de nuestro país.
Al más puro estilo de “El Padrino”, el Gobierno Federal hace una oferta que las autoridades locales no pueden rechazar. Enhorabuena. Manos a la obra.
publicado en Vanguardia
Con diferentes estrategias y resultados, las ciudades del mundo intentan adaptarse al creciente número de automóviles que circula por las calles. El asunto no es menor, pues la respuesta que dan las autoridades locales a este problema tiene un profundo impacto en la forma física de las ciudades, y por lo tanto, en la calidad de vida de sus habitantes.
En esta materia es claro el contraste entre México y Colombia. En nuestro país hay más de 100 millones de habitantes, pero solo dos ciudades con un sistema de transporte masivo tipo BRT, mejor conocido como “metrobús” (DF y León). Por su parte, Colombia tiene únicamente 40 millones de personas, pero siete de sus principales urbes –Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena- operan o están en proceso de implementar sistemas de este tipo.
Las ciudades de ambas naciones enfrentan retos similares –contaminación a la alza y movilidad a la baja- con estrategias diametralmente opuestas. En Colombia libran la batalla invirtiendo en transporte público, mientras que en México preferimos gastar el presupuesto en construir puentes y segundos pisos. Allá son pesimistas (¿o pragmáticos?), pues se han convencido de que sacar a la gente de sus coches es la salida mas eficiente. Acá seguimos siendo optimistas (¿o ingenuos?), pues confiamos en nuestra capacidad de erradicar los embotellamientos tendiendo más asfalto. ¿Cómo explicar esta marcada diferencia?
Ni los alcaldes colombianos son genios, ni los mexicanos son tontos. Simplemente son sujetos pragmáticos que responden a los incentivos generados por sus gobiernos centrales. Resulta que en Colombia los automovilistas pagan una sobretasa del 25% sobre el costo de la gasolina. Con los ingresos captados se capitaliza un fondo etiquetado para apoyar proyectos viables de transporte urbano. Con estos recursos, el Gobierno Nacional Colombiano cubre hasta el 70% del costo total de estos proyectos locales de infraestructura, ¡sin tener que sacrificar otras prioridades!
Dicho esquema fiscal coloca al transporte público en un lugar predominante en las agendas de los alcaldes. Aquella autoridad que se duerma en sus laureles deja escapar un buen negocio y pone en riesgo su capital político. Si el alcalde no presenta una propuesta, los impuestos pagados en la ciudad servirán para subsidiar la infraestructura de los vecinos. Este pecado –aunque sea por omisión- será recordado en la próxima elección.
En México no se aplica una sobretasa similar al precio de la gasolina, ni se permite que los gobiernos locales tomen sus propias decisiones al respecto. Al contrario, en este país subsidiamos el combustible. Esta política no solo limita los recursos disponibles para grandes proyectos de infraestructura, sino que promueve un mayor uso del automóvil. Lo que es peor, el subsidio a la gasolina representa una medida regresiva, pues la gente de mayores ingresos –dueños de Hummers por ejemplo- se benefician de manera desproporcionada. ¿Por qué habría un estado o municipio de invertir en transporte público, si el propio Gobierno Federal subsidia a su competencia?
Afortunadamente, parecen soplar vientos de cambio. El Gobierno Federal, a través de su Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), está por publicar las reglas de un Programa de Apoyo al Transporte Masivo. Por primera vez existe una bolsa definida, con criterios transparentes, para impulsar este tipo de proyectos. El FONADIN ofrece “apoyos no recuperables” para pagar asesorías especializadas, estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, y hasta ¡la mitad del costo de la infraestructura necesaria para proyectos de transporte masivo!
Al parecer la iniciativa federal ha sido bien recibida. Las ciudades de Puebla, Aguascalientes, Mexicali, Monterrey, Oaxaca y Chihuahua han externado interés de participar, y la fila se está alargando rápidamente. Todo indica que hay una revolución de transporte público en puerta.
La estrategia del FONADIN dista de ser perfecta, pues a diferencia de Colombia, los recursos del Programa no están amarrados a una fuente clara de ingresos fiscales. Esta circunstancia hace imposible pronosticar la permanencia y el tamaño de la bolsa a repartir en el futuro. Sin embargo el esfuerzo representa un paso en la dirección correcta. Por fin, la falta de recursos deja de ser una excusa aceptable para posponer la transformación del transporte público en las ciudades de nuestro país.
Al más puro estilo de “El Padrino”, el Gobierno Federal hace una oferta que las autoridades locales no pueden rechazar. Enhorabuena. Manos a la obra.
Que tal, el día de hoy leí en Publico sobre tu blog, entré y me pareció muy interesante. Se ve que tienes mucha información sobre el tema de movilidad. Es bueno tratar de despertar la conciencia de la gente.
ResponderBorrarYo estoy en un proyecto que me gustaria conocieras www.ecogruas.com
Saludos y exito