Nadie, en su sano juicio, organizará una gran manifestación para
exigir que se vuelva a implementar el pago de tenencia anual a vehículos
automotores. Este impuesto sesentero implementado en relación al valor
de la propiedad; como el predial; es de los más odiados por la
ciudadanía.
Con la lógica prevaleciente de búsqueda de popularidad, toda la clase
política local suele homogeneizarse en torno al tema. La tenencia fue
derogada en Jalisco y ahora es más barato poseer un automóvil y realizar
los trayectos habituales en él. Pero que una ciudad pretenda apostar
por la movilidad en auto y que además lo haga subsidiando el costo que
esto implica, es por lo menos, suicida.
Todo apunta a que una gran parte de la calidad de vida que ofrece
nuestra ciudad depende de qué tanto logremos reducir la cantidad de
autos circulando en las calles y esto implica reestructurar las cosas de
manera que logremos desincentivar, efectivamente, el uso del vehículo
particular.
La tenencia no debió ser derogada sin haber sido sustituida por
alguna tarificación al uso del auto de orientación más ambiental. Es
decir, alguna fórmula que implique un mayor costo a los autos menos
eficientes y a los que más kilómetros recorren.
La manera más sencilla de implementar algo así, sería estableciendo
un impuesto metropolitano a las gasolinas, aunque su autorización cae en
el ámbito federal y se le anticipa un camino tortuoso de
implementación. Un impuesto a la gasolina, además de un paulatino
retiro del subsidio que la mantiene tan barata, significaría transformar
efectivamente la manera en que entendemos la movilidad en las ciudades
mexicanas. Nada lograría desincentivar los viajes en vehículo privado de
manera tan eficiente y justa.
Otra tarificación fundamental al auto, esa si en el ámbito local, es el estacionamiento. Tanto el privado como el público.
En el espacio público, las zonas atractores de viajes deberían contar
con estacionómetros con tarifas que hagan poco atractivo dejar el
vehículo por jornadas laborales completas en la calle, además de una
supervisión constante e implementación de multas y sanciones.
Los estacionamientos privados deben ser modificados desde su
concepción. Ningún uso de suelo debería tener la obligatoriedad de
proveer de cajones de estacionamiento. Los reglamentos municipales
deberían establecer máximos permitidos en lugar de mínimos. Los
municipios deberían establecer tarifas municipales por disposición de
cajones en usos de suelo de carácter comercial con el fin de obtener un
fondo que mitigue las externalidades que provocan y de hacer menos
atractivo el viaje en auto ya que seguramente los comercios transferirán
este costo al usuario particular.
El problema de fondo es que a nuestros legisladores, tomadores de
decisiones y a la clase política en general, les suele importar muy poco
la ciudad. Les interesa su propia popularidad y lo popular es hacer que
todo sea gratis para el auto. Nada peor.
Originalmente publicada en Milenio.
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